El gobierno federal dio a conocer que acepta la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los hechos del 22 de mayo de 2015 en Tanhuato, Michoacán, pero aseguró que en la actuación de la Policía Federal “no se configura la hipótesis de una ejecución extrajudicial” en los hechos en los que murieron 42 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un elemento de la Policía Federal (PF).
Según la versión del gobierno federal, “de las pruebas recabadas se observa que el uso de las armas fue necesario ante la agresión real e inminente, dado que los agresores contaban con un armamento reservado para uso exclusivo de las fuerzas armadas, como un fusil tipo Barret y un lanza misiles RPG activado.
