En medio de los recientes operativos realizados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en diversos bares y antros de Morelia, han surgido denuncias preocupantes por parte de empresarios y clientes sobre presuntas extorsiones y abusos durante estas intervenciones.
El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha expresado en una entrevista realizada este miércoles en el Palacio Municipal, que empresarios del sector de bares y antros han reportado intentos de extorsión por parte de individuos que participan en los operativos. Martínez Alcázar mencionó que aunque han recibido información detallada al respecto, hasta el momento no se han formalizado denuncias ante las autoridades debido al temor de los afectados.
Según el edil, los operativos han sido llevados a cabo por la FGE en coordinación con la Guardia Civil, la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), agentes del Ministerio Público y personas identificadas con logotipos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). Sin embargo, Martínez Alcázar destacó que el municipio no ha sido convocado ni informado adecuadamente sobre estos procedimientos.
Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento, corroboró las denuncias al mencionar que se han recibido al menos tres quejas documentadas sobre presuntas extorsiones o intentos de extorsión durante los operativos en los establecimientos nocturnos. Además, tanto empresarios como clientes han reportado abusos y prácticas cuestionables por parte de los agentes involucrados en las inspecciones.
Desde el inicio de los operativos el 16 de mayo, varios bares y antros emblemáticos de la ciudad han sido intervenidos, resultando en el cierre temporal de algunos negocios y el decomiso de sustancias presuntamente ilícitas. Entre los establecimientos afectados se encuentran Beer Pong en sus sedes del centro histórico y el bulevar García de León, Bunbury’s, Mamá No Lo Sabe, Rojas y El Chamy’s.
Las autoridades locales han manifestado su apoyo a los operativos como medida necesaria para regular el funcionamiento de los establecimientos nocturnos, pero han instado a que se realicen de manera coordinada y transparente, respetando los derechos tanto de los empresarios como de los clientes.
Ante estas acusaciones, se espera una mayor claridad por parte de las autoridades competentes y un seguimiento riguroso para garantizar que los operativos se lleven a cabo dentro del marco legal, evitando cualquier forma de abuso o corrupción que pueda comprometer la integridad de los negocios y la confianza ciudadana.
Para más detalles sobre esta situación en desarrollo, se recomienda estar atentos a futuros comunicados por parte de las autoridades locales y estatales.
