Ciudad de México.- Mientras la iniciativa Ley Trasciende busca modificar el Código Penal para legalizar la eutanasia y garantizar el derecho a una muerte digna, especialistas en bioética y cuidados paliativos advirtieron que México carece de la infraestructura, el personal y la cobertura médica necesarios para una regulación responsable.
Actualmente, la eutanasia activa está prohibida en el país por el artículo 166 de la Ley General de Salud y se considera “homicidio por piedad” en el Código Penal Federal. Solo 14 estados cuentan con una Ley de Voluntad Anticipada, la cual permite decidir si continuar o no con tratamientos médicos en fase terminal.
La propuesta, impulsada por la activista Samara Martínez, quien padece una enfermedad renal terminal, plantea reformar la legislación sanitaria para incorporar un nuevo Título Octavo que establezca las condiciones bajo las cuales un paciente podría solicitar la eutanasia.
Sin embargo, la médica y bioeticista Martha Tarasco advirtió que su aprobación podría abrir la puerta a abusos.
“Cuando se acepta la eutanasia, se tiende a banalizar progresivamente. Se amplía a casos de suicidio asistido o incluso a personas con depresión o sin sentido de vida”, explicó.
Tarasco también señaló que la eutanasia no garantiza una muerte sin dolor, pues las sustancias utilizadas “no actúan instantáneamente” y, en países donde ya es legal —como Holanda, Bélgica, Canadá o Colombia—, se ha extendido a pacientes que no enfrentan sufrimiento terminal.
“Muchos pacientes que piden la eutanasia en realidad quieren que se les quite el dolor o la depresión, no la vida. Nadie desea morir cuando tiene los síntomas tratados”, subrayó.
Déficit hospitalario y falta de formación médica
Por su parte, Adriana Templos, presidenta del Colegio Mexicano de Cuidados Paliativos, afirmó que el país no está preparado ni en infraestructura ni en recursos humanos para implementar una ley de eutanasia.
“No hay presupuesto en salud que alcance. Tenemos un auge de enfermedades crónicas degenerativas, pero no hay suficiente cobertura hospitalaria ni medicamentos esenciales”, señaló.
De acuerdo con la especialista, entre el 70 % y 79 % de los mexicanos que requieren cuidados paliativos no los reciben, y en todo el país existen apenas 120 a 140 servicios especializados, insuficientes para una población de más de 125 millones de habitantes.
Templos agregó que el acceso a opioides como la morfina sigue restringido, lo que impide controlar adecuadamente el dolor severo, y que la formación en cuidados paliativos prácticamente no se enseña en las escuelas de medicina.
“Lo que la gente pide es no sufrir. Eso puede lograrse con cobertura universal de cuidados paliativos, no necesariamente con la eutanasia”, enfatizó.
Ambas especialistas coincidieron en que el debate sobre la muerte médicamente asistida no puede adelantarse a la garantía del derecho a no sufrir.
“Antes de legislar sobre eutanasia, México debe asegurar atención paliativa universal. El primer paso es cubrir al 100 % el tratamiento del sufrimiento. Solo entonces podremos discutir otras alternativas”, concluyó Templos.
