Ciudad de México, 28 de junio de 2025.– La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso clave rumbo a su aprobación, al ser avalada en comisiones del Senado con 29 votos a favor de Morena, PVEM y PT, frente a cuatro votos en contra del PRI y cuatro abstenciones por parte del PAN y Movimiento Ciudadano.
El dictamen aprobado por las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y Estudios Legislativos, faculta a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para diseñar políticas públicas en la materia y regular el uso del espectro radioeléctrico, generando intensas discusiones en torno a derechos digitales y libertades.
¿Ley de vanguardia o herramienta de vigilancia?
Durante el debate, el senador morenista Javier Corral Jurado defendió la iniciativa, calificando de “distorsión tramposa” los señalamientos que acusan censura o vigilancia masiva. Respondió directamente al panista Ricardo Anaya, quien alertó sobre la presunta intención de instaurar un registro nacional de usuarios de telefonía móvil y acceso a la geolocalización en tiempo real sin orden judicial, lo que consideró “un paso hacia un estado policial”.
Corral negó que el dictamen contemple un padrón de telefonía móvil y aseguró que la identificación de usuarios al adquirir un chip es una medida común para seguridad y trazabilidad. Asimismo, refutó que la suspensión de transmisiones —otro de los puntos polémicos— sea una propuesta nueva, pues, dijo, ya existe en la legislación vigente.
Por su parte, Anaya Cortés sostuvo que los cambios son de forma, no de fondo, y que el dictamen oculta esas disposiciones bajo una redacción ambigua. “La vena autoritaria no quiere ceder”, acusó, al referirse al artículo transitorio 30 que —según dijo— camufla el registro de usuarios, y al artículo 183, que permitiría la geolocalización sin intervención judicial.
Rumbo al Pleno
El dictamen será discutido ahora en el Pleno del Senado, donde se anticipa una votación dividida y más cuestionamientos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil. Mientras el oficialismo defiende la propuesta como una modernización tecnológica necesaria, sus críticos alertan sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión.
La votación en el Pleno será decisiva para el futuro de la iniciativa y, posiblemente, para el tono del debate digital en México.
