Queréndaro, Michoacán — La madrugada del sábado 2 de agosto, un grupo de hombres armados atacó e incendió la vivienda de la alcaldesa de Queréndaro, en un acto que ha encendido las alertas sobre el avance del crimen organizado en la región oriente de Michoacán.
De acuerdo con medios locales, los agresores dispararon contra el inmueble antes de prenderle fuego y luego huyeron sin que se reportaran personas lesionadas. La vivienda, ubicada en la cabecera municipal, sufrió severos daños materiales.
En las inmediaciones del domicilio fueron localizadas dos camionetas baleadas, en las que se observaban siglas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha generado preocupación sobre una posible incursión de esta organización criminal en Queréndaro, municipio que hasta hace poco se mantenía relativamente al margen de los niveles de violencia que aquejan al estado.
Elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal acudieron al lugar de los hechos y acordonaron la zona para iniciar las investigaciones. La Fiscalía General del Estado de Michoacán ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos.
Michoacán, bajo presión del crimen organizado
Este ataque ocurre en un contexto de creciente violencia en Michoacán, donde municipios como Apatzingán, Uruapan y Zamora ya enfrentan disputas abiertas entre grupos delictivos. Ahora, Queréndaro se suma a la lista de territorios en disputa.
Expertos en seguridad consideran que la aparición de siglas del CJNG en escenas del crimen suele tener una carga simbólica que busca intimidar a las autoridades locales y marcar territorio. En este caso, podría tratarse de un mensaje dirigido directamente a la presidenta municipal.
Aunque el nombre de la alcaldesa no ha sido revelado oficialmente en los primeros reportes, fuentes cercanas al gobierno estatal aseguran que ya ha recibido respaldo por parte de las autoridades y no se descarta que se le asignen medidas especiales de protección.
El ataque ha generado reacciones de condena por parte de líderes políticos y defensores de derechos humanos, quienes urgen al Estado mexicano a reforzar la seguridad en los municipios y proteger a los servidores públicos frente al acoso del crimen organizado.
Este hecho subraya una vez más la vulnerabilidad de las autoridades municipales en zonas de alta presencia criminal, así como la urgencia de implementar estrategias efectivas de seguridad que prioricen la prevención y la protección de la vida civil y política.
