Los Ángeles, EUA. – El gobierno del presidente Donald Trump se encuentra bajo presión legal debido a varias demandas presentadas por ciudadanos estadounidenses detenidos durante redadas migratorias, algunas de las cuales solicitan indemnizaciones de hasta 50 millones de dólares por presuntas violaciones a derechos constitucionales.
Entre los casos más destacados se encuentra Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción detenido en dos ocasiones en Alabama. Según la demanda, los arrestos fueron «irrazonables» y violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra registros y detenciones sin causa probable. A pesar de presentar su identificación, los agentes lo mantuvieron esposado durante más de una hora en la primera detención y lo arrestaron nuevamente en junio en circunstancias similares. La querella incluye a otros 19 trabajadores que habrían sido víctimas de detenciones comparables.
Otro caso relevante es el de Rafie Ollah Shouhed, de 79 años, quien asegura haber sido lesionado gravemente tras ser detenido en su negocio de lavado de autos en Los Ángeles. Alega fracturas, traumatismo craneoencefálico y detención de casi 12 horas sin atención médica tras una reciente cirugía de corazón. La demanda, que solicita 50 millones de dólares, también señala violaciones a la Ley Bane de California, que protege contra interferencias violentas en derechos constitucionales.
En agosto pasado, cinco ciudadanos y residentes permanentes presentaron demandas adicionales contra el Departamento de Seguridad Nacional por detenciones arbitrarias, incluyendo el caso de Cary López Alvarado, quien alega que la detención durante su embarazo provocó un parto prematuro.
El abogado Luis Carrillo, representante de los demandantes, calificó las acciones de los agentes como «brutales» y señaló que buscan frenar el uso excesivo de la fuerza. Las querellas cuentan además con el respaldo de la congresista Maxine Waters y la activista Dolores Huerta, quienes presentaron una petición ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los presuntos abusos.
Estas demandas ponen en evidencia las crecientes tensiones legales y sociales generadas por las redadas migratorias bajo la administración de Trump, que continúan siendo objeto de debate nacional e internacional.
