El uso del diálogo, es en la mayoría de las veces sinónimo de buena política, aquella que hace frente a los temas de conflicto, escuchando, intercambiando opiniones, la que a partir de las coincidencias, construye, acuerda y da cause a los problemas, permitiendo se desarrolle la vida social con la mayor “normalidad” posible. En oposición a aquella que confronta, ignora, silencia, reprime y ejerce como primer instrumento la fuerza del Estado.
A propósito de las mesas que sostiene ya hace un par de semanas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE y el Gobierno Federal, a través de la Secretarías de Gobernación y de Educación Pública; queda la sensación que es una puesta si no simulada, si una cuyo final es predecible y termine por dar marcha atrás al intento de Reforma Educativa. La misma que fuera anunciada con grandilocuencia -como la Reforma- que buscaba “garantizar el derecho de los mexicanos a una educación de calidad”.
Aun cuando quienes desde la izquierda hemos coincidido con la causas sociales y desde los primeros anuncios del Pacto por México, podíamos advertir se trataba más de una reforma laboral que de carácter educativo, al poner el acento en los mecanismos de acceso y permanencia del magisterio; más que en los temas sustantivos como los planes y modelos educativos. Lo cierto es, que había prosperado entre las fuerzas políticas mayoritarias la idea de poner un alto a los privilegios de los líderes magisteriales que caían en cascada y de manera selectiva para una parte de sus agremiados.
Privilegios, que no es ocioso señalar fueron durante años concesiones del Estado, que le permitieron al entonces partido hegemónico vía el control corporativo, mantener un convenio bastante provechoso para ambos; al conceder periodos de gobernabilidad y una base de apoyo social que fungía también como un brazo electoral. Un conveniente acuerdo como lo describe Viviane Brachet en su Pacto de Dominación.
Pacto que en lo que toca a la manera de relacionarse con el poder, no hace distingos entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación SNTE y la Coordinadora, si acaso en el ámbito donde ejercen sus mecanismos de presión, el primero generalmente en la federación y la segunda a nivel de los estados, piénsese en los ejemplos de Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Sin bien no se trata aquí de ignorar las causas políticas e ideológicas que reivindican, y en particular los motivos que dieron origen al autonombrado “magisterio democrático” sí es importante destacar que en lo que respecta a la defensa de sus intereses laborales han actuado de manera semejante, diferenciándose quizá sólo en el grado de radicalismo de sus acciones.
El análisis entorno a la forma de relacionarse de los movimientos magisteriales y el poder político, ameritaría muchas más líneas, por ahora sirvan estas para dimensionar la complejidad de un conflicto histórico, que ha crecido y motivado desde el poder. Y ello hay que tenerlo presente.
Romper con el pasado, acabar con los “privilegios” de un grupo económico, político, un gremio o sindicato, en un país como el nuestro de hondas desigualdades; en donde por lo menos la mitad de sus habitantes vive en algún tipo de pobreza y donde las oportunidades económicas y laborales son escasas. Resulta razonable y siempre deseable.
Empero la posibilidad de que esta sea una acción exitosa, pasa por generar el más amplio consenso social, pero sobre todo por una actitud distinta desde y frente al poder, una actitud de congruencia al no hacer eco de los privilegios y excesos en el ejercicio de gobierno. Y esa es, sino la mayor flaqueza del gobierno federal, si la que lo desprovee de la legitimidad para avanzar con una reforma (que ya es norma), y que si bien es iniciativa del Ejecutivo, su modificación está en la cancha del poder Legislativo.
Un gobierno que con facilidad puede excusarse de sus “errores” con un perdón, da muestra de su tamaño de responsabilidad política. Es no entender que el ejercicio u omisión en el servicio público tiene consecuencias, porque “estas en México”. Claro ejemplo de la cultura de la impunidad, que durante años ha cobijado nuestro sistema político, que lo mismo protegía los intereses de grupos económicos que de líderes sindicales.
Las numerosas mesas no parecen dar muestra de un final cercano, todo indica que terminará por inclinarse la balanza del lado de la Coordinadora, los temas que ya no formaban parte de sus peticiones hoy han sido retomados, lo mismo ahí donde sus acciones habían disminuido, tras iniciadas las mesas en Bucareli, han tomado un segundo aliento. Los pronunciamientos del sector empresarial contra el gobierno, para hacer prevalecer el Estado de Derecho frente a la acciones de la CNTE, dan la impresión que estamos frente a una maraña, que al paso de los días lejos de desenredar el conflicto lo reaviva.
La falta de resultados económicos, la crisis de derechos humanos, el incremento de la gasolina, la impunidad y la corrupción que se curan con disculpas, la desaprobación más alta de los últimos tres sexenio y inminente fracaso de la reforma educativa, entre otros temas que pudieran aquí enumerarse, dejan un mal sabor de boca, de ese que a dos años de concluir el gobierno de Peña sabe a desesperanza, a esa sensación de que ya no ocurrirá nada, de que se nos acabó el sexenio.
