La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) argumentó que en 2015 Juan Carlos Arreygue Núñez pasó todos los controles de confianza del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Estatal, por lo que junto al PES lo lanzaron como candidato a presidente municipal de Álvaro Obregón, Michoacán.
Tras la detención del alcalde michoacano, el presidente nacional del PT, Alberto Anaya, pidió una investigación exhaustiva y que se llegue a las últimas consecuencias en las indagatorias que señalan a Arreygue Núñez de ordenar el asesinato de 10 personas el 29 de julio, mismas que fueron calcinadas.
“Nosotros confiamos en los filtros institucionales de las autoridades judiciales y la autoridad electoral. El PT, al igual que lo hicieron los demás partidos, cubrimos con los procedimientos legales, y una vez que la autoridad electoral verificó que se cumplió emitió la constancia de candidato para el caso del actual alcalde de Álvaro Obregón”.
“Demandamos a las autoridades que se investigue que se deslinden responsabilidades y que se vaya a las últimas consecuencias, no importando qué nivel de gobierno esté involucrado, ya sea municipal, estatal o federal. La investigación debe ser exhaustiva”, agregó.
En un tono elevado, Anaya dijo que Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, ya condenó al PT al haberlos culpado de llevar al candidato ciudadano a la alcaldía de Álvaro Obregón.
“En el caso de la acusación de Silvano Aureoles, no le conviene a él, ya lo juzgó, condenó y sentenció. Él (Silvano Aureoles) es poder ejecutivo”, sentenció.
Anaya señaló a Aureoles que desde que Arreygue Núñez era precandidato –en 2015- ya tenía la información y no presentaron la denuncia. Incluso, señalaron que el mandatario estatal organizó una visita del presidente Enrique Peña Nieto a Álvaro Obregón, en la que estuvo de anfitrión el edil que llegó a la presidencia municipal con el apoyo del PT y el Partido Encuentro Social (PES).
“Cómo participan en actos políticos y en actos de Estado con la presencia del propio presidente, a sabiendas que es una persona con antecedentes penales.
