Michoacán aprueba la Ley 3 de 3 contra la violencia: Un paso crucial hacia la protección de las víctimas y la erradicación de la impunidad.

Anthonella Zúñiga/Notiunion

Morelia, Michoacán, a 24 de mayo de 2023.- El Congreso del Estado de Michoacán ha dado su aprobación a la minuta que contiene las reformas constitucionales necesarias para implementar la Ley 3 de 3 contra la violencia.

Aunque aún falta su promulgación oficial, esta acción es un paso importante en el proceso. Al mismo tiempo, la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ha declarado su validez, por lo que solo queda esperar su publicación en el Diario Oficial.

El dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales fue aprobado por unanimidad en una votación a mano alzada en el pleno de la 75 Legislatura. Durante la discusión, las diputadas Adriana Hernández e Ivonne Pantoja expresaron su apoyo a la medida.

Hernández lamentó que Michoacán no estuviera entre los primeros 17 congresos en aprobarla, pero destacó el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ambas diputadas coincidieron en que la violencia es ejercida por personas que ocupan cargos públicos o que aspiran a ellos.

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Pantoja enfatizó que los agresores suelen intimidar a las víctimas para que no presenten denuncias. Por esta razón, la Ley 3 de 3 busca impedir que aquellos que hayan ejercido violencia física, sexual o sean deudores alimentarios puedan ser candidatos a cargos públicos o trabajar en la administración pública. Esta medida pretende garantizar un ambiente seguro y libre de violencia tanto para las víctimas como para la sociedad en general.

El dictamen aprobado por la 75 Legislatura será anexado a la minuta de decreto, de manera que quede constancia del voto a favor. Aunque aún queda un proceso por seguir, esta aprobación representa un avance significativo en la lucha contra la violencia y la protección de los derechos de las víctimas en Michoacán.

Una vez promulgada, la Ley 3 de 3 podrá ser implementada para prevenir y sancionar los casos de violencia ejercida por quienes ostentan cargos públicos o aspiran a ellos.