La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para evitar que servidores públicos usen su posición de poder para agredir a mujeres, niñas o adolescentes.
El dictamen, que se turnó al Senado, establece que las autoridades deberán considerar la relación de poder, subordinación o privilegio del agresor al emitir órdenes de protección, y que la violencia ejercida por servidores públicos sea sancionada administrativamente, además de los delitos que correspondan.
La iniciativa busca fortalecer la seguridad de las víctimas, prevenir represalias y evitar la impunidad derivada de la influencia política o institucional del agresor.
La diputada Anayeli Muñoz Moreno destacó que las reformas envían un mensaje claro: “No puede haber agresores en el poder ni impunidad basada en el cargo público”.
