En el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, mujeres negras de América Latina y el Caribe conmemoran más de tres décadas de lucha organizada por su visibilidad, dignidad y derechos humanos, en un contexto donde aún enfrentan múltiples formas de racismo, sexismo, pobreza estructural y exclusión social.
La efeméride tiene su origen en 1992, cuando más de 400 mujeres afrodescendientes de 32 países se reunieron en República Dominicana en el primer Congreso de Mujeres Negras. Allí proclamaron el 25 de julio como el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, con el objetivo de visibilizar las múltiples desigualdades que enfrentan y crear redes para combatir la discriminación.
En México, la población afromexicana representa el 1.2% del total nacional, es decir, más de 1.4 millones de personas, de las cuales 705 mil son mujeres, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI. A pesar de su profunda huella histórica en regiones como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y la Ciudad de México, las mujeres afro continúan siendo invisibilizadas en muchos ámbitos del desarrollo social, económico y político.
Durante siglos, su participación en la construcción del país ha sido sistemáticamente ignorada. Desde el trabajo forzado en los puertos coloniales y plantaciones, hasta el papel de artesanas, cocineras y cuidadoras, las mujeres afrodescendientes han sido relegadas a los márgenes sociales y, en muchos casos, estigmatizadas como objetos hipersexualizados, negándoles agencia, voz y autonomía.
Organismos internacionales y redes de mujeres afro, como la Organización de Integración de la República Argentina, han denunciado esta situación y llaman a desmontar los estereotipos que perpetúan la discriminación. “No somos objetos sexuales, sino seres pensantes”, han enfatizado líderes de esta lucha, reiterando que la organización y sororidad entre mujeres afro es clave para transformar la realidad.
En América Latina y el Caribe, más de 200 millones de personas son afrodescendientes, lo que representa el 30% de la población de la región. De ese total, 80 millones son mujeres, muchas de las cuales siguen en condiciones de vulnerabilidad por falta de políticas públicas efectivas y reconocimiento social.
En México, los esfuerzos por reivindicar sus derechos comienzan a tener eco. El Gobierno Federal, a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), inauguró en marzo de este año la primera Casa para el Desarrollo de las Mujeres Afromexicanas en Santa María Cortijo, Oaxaca, y trabaja en la creación de centros similares en Pinotepa Nacional y en el estado de Guerrero.
Estas acciones buscan revertir el rezago histórico, garantizar el acceso a servicios, justicia y oportunidades, así como frenar la violencia de género que afecta con mayor crudeza a las mujeres afrodescendientes.
Hoy, más que una conmemoración, el 25 de julio es un llamado urgente a la justicia histórica, al reconocimiento real de los pueblos afrodescendientes y a una transformación profunda que permita a estas mujeres ejercer su ciudadanía plena, libres de discriminación y violencia.
