Morelia, Michoacán, 2 de diciembre de 2024 – La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) reafirmaron su compromiso con el respeto y la atención a los derechos humanos de las comunidades indígenas durante la clausura del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), realizada en el Parque Nacional Lago de Camécuaro, Tangancícuaro.
El evento, encabezado por Celerino Felipe Cruz, encargado de la representación del INPI, y María Asunción Ortega Andrade, secretaria del Ayuntamiento de Tangancícuaro, contó con la participación de autoridades como Juan Luis Contreras Calderón, titular de la Unidad de Atención a Personas Indígenas de la FGE, y Maribel Lara Vega, del Centro de Justicia Integral para las Mujeres de Zamora.
En el marco del foro regional “Eraxamani Anapu Uarhi” (Mujer de la Cañada), se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia en comunidades indígenas. Los esfuerzos se centraron en la prevención de la violencia contra las mujeres, la protección de los derechos humanos y el reconocimiento de los usos y costumbres en los procesos legales.
Durante la clausura, se entregaron certificados a comunidades beneficiadas por el PROBIPI, incluyendo localidades como Tangancícuaro de Arista, Zopoco, Tanaquillo, Uren, San José de Gracia, Aranza, Los Nogales y Chilchota. Estos documentos formalizan el registro de las comunidades, facilitándoles el acceso a programas que fortalecen su bienestar integral y procuración de justicia.
La FGE subrayó su compromiso con el fortalecimiento de la atención hacia los pueblos indígenas, enfocándose en una justicia que respete su identidad cultural y promueva la igualdad. Este enfoque incluye acciones específicas para prevenir la violencia de género, proteger a grupos en condición de vulnerabilidad y respetar los derechos tradicionales en el marco legal.
Con la clausura del PROBIPI, Michoacán reafirma su compromiso de trabajar por la justicia y el bienestar de sus comunidades indígenas, integrando sus necesidades específicas y respetando sus tradiciones en los procesos legales. Este esfuerzo busca consolidar un sistema de justicia más inclusivo y culturalmente consciente.
