Morelia, Mich. Una credencial con la leyenda de Autodefensas comunitarias legítimas, es lo único que le queda a don Rodrigo de su hijo Gerardo, que cumple dos años y medio de estar encarcelado.
El señor de la tercera edad no entiende la lógica de la justicia, mucho menos en un actuar tan sesgado como él lo percibe, en donde los más pobres, los más jodidos, tienen que lavar las culpas de los que solo duraron unos días en prisión, señala al “Pitufo”, “al Americano”, al mismos Hipólito Mora, quienes participaron en un enfrentamiento donde hubo muertos en diciembre del 2014, y mírelos, dice ahí libres.
Su hijo padre de familia, “el que más me ayudaba”, dice, tenía tres días de haberse integrado al grupo de autodefensas de Múgica, donde lo detuvieron, le pagaban más, 3 mil a la quincena, a diferencia de los mil 800 que ganaba por arreglar carreteras.
“Me llamó me dijo apa, como ve acá gano más”, fue el dinero, refiere el padre acongojado cuyas lagrimas empañan la vista de los ojos nublados por los años, no puede contener el llanto, porque en su lógica, su hijo no merece estar ahí, como muchos de los que están ahí por ser pobres, por no tener como pagar la fianza.
El abogado defensor de 110 ex autodefensas, Víctor Carlos López Ruíz, reconoció que este además de ser un tema de carácter político, también es una cuestión de dineros, hasta el momento siguen recluidos debido a que el monto establecido para a quienes se les fijo fianza es muy alto, pero quienes salieron pagando esta fianza son 12, mientras que siguen cerca de 70 personas que están bajo esta condición no han podido acceder a este beneficio.
Aseguró que se trata de una medida dilatoria y política, en donde las ex autodefensas se han tenido prácticamente con sus propias uñas, ni gobierno, ni legisladores aclaró han apoyado con recursos o defensa a los comunitarios.
“Las personas que están detenidas son jefes de familia, todos, la situación de las familias es deplorable, si hay mucha desesperación, y están en la posibilidad de manifestarse y protestar”, precisó el abogado quien adelantó se interpuso una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por la detención sin ninguna justificación y con un permiso otorgado por la propia Secretaria de la Defensa Nacional para portar armas, detalla al señalar que se agotarán todos los recursos.
Actualmente son solo cuatro abogados los que de manera altruista y sin pago de por medio llevan esta defensa, acuden a los medios para la presión, porque muchos intentaron llevar el caso de las ex autodefensas, pero solo obstaculizaron el trabajo.
El líder de la asociación civil Bracero Proa, J. Ventura Gutiérrez Méndez, reconoció que el proceso ha sido complicado, y recordó que desde el 2014 se subieron al barco de la defensa de las ex autodefensas, de los más pobres, este jueves acudirán Antúnez la idea es buscar un acercamiento con el gobernador para lograr empuje su liberación.
