Morelia, Mich., Cinco entidades en el país concentraron el 53% de las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos de desaparición forzada, durante el periodo comprendido entre 2000-2014, se trata de Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán, Coahuila Guerrero. La mayor parte de todas estas quejas fueron registradas entre 2008 y 2012.
De acuerdo con el estudio de los Derechos Humanos y la Corrupción en México, Análisis de las tendencias en las entidades federativas entre el 2000 y el 2014, se revela que el número de homicidios en una entidad directamente como indicador negativo del ejercicio de derechos civiles, la situación de violencia que se vivió en algunas entidades puede tener afectaciones a los derechos humanos más allá de las víctimas directas.
De la misma manera, se expone que se observa una alta concentración de quejas por desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura en las mismas entidades Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Veracruz, lo cual se sostiene retrata unas condiciones generales desfavorables al ejercicio de derechos civiles.
Se manifiesta que la concentración es espacial y temporal de las quejas por desaparición forzada, y coincide además con años y entidades que estaban siendo afectadas por la guerra contra el crimen organizado.
Al observarse las averiguaciones previas iniciadas por desaparición forzada en cada entidad. Veracruz encabeza la lista con 54 averiguaciones, seguido de los estados que están identificados como los más afectados, además de Tamaulipas con 35, Chihuahua con 29 y Coahuila con 25. Estas cuatro entidades concentran el 68% de las averiguaciones previas por desaparición.
Las entidades federativas que tienen el mayor número de quejas ante la CNDH por detenciones arbitrarias son: Ciudad de México, Michoacán, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.
Las cinco entidades que encabezan la lista de quejas ante la CNDH por tortura son: Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Baja California y Veracruz. Estas entidades concentran el 47% de las quejas.
En este sentido se identifica una concentración de las quejas ante la CNDH en un corredor que va de la Ciudad de México hacia el occidente del país, en los estados de México, Michoacán y Jalisco.
