Morelia, Michoacán. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía General del Estado (FGE) presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un escrito de amicus curiae con el objetivo de evitar la reducción de penas a feminicidas y sentar un precedente a nivel nacional.
El recurso fue promovido en el marco del Amparo Directo en Revisión 4872/2024, derivado del feminicidio de Jessica González Villaseñor, ocurrido en septiembre de 2020. El responsable, Diego Urik Mañón Melgoza, fue condenado en primera instancia a 50 años de prisión, pero un tribunal de alzada redujo la pena a 42 años y seis meses.
El escrito busca que la SCJN resuelva a favor de las víctimas indirectas y fije un criterio que evite futuras reducciones de penas en casos de feminicidio, reforzando así el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Tanto la CEDH como la FGE subrayan que la disminución de la condena representa un agravio para las víctimas indirectas y vulnera su derecho a la justicia. Asimismo, sostienen que el feminicidio, como delito de alto impacto social, exige sanciones ejemplares y proporcionales, que envíen un mensaje claro de rechazo a la violencia de género.
El escrito fue respaldado por el fiscal general, Carlos Torres Piña, y el presidente de la CEDH, Josué Mejía Pineda, quienes reiteraron el compromiso de ambas instituciones de acompañar a las víctimas y de impulsar acciones que fortalezcan la lucha contra la violencia feminicida en Michoacán y en todo el país.
