Morelia, Mich., Actos de corrupción que se presume se podian haber realizado por un empleado del Congreso del Estado denunció la trabajadora Lunia Valdés, quien señaló se le pidió su cheque de finiquito, a cambio de permitir permanezca trabajando en la 73 Legislatura.
Recordó que esta situación se deriva de una demanda contra el Congreso del Estado, en donde en su momento solicitó su baja para poder acceder a sus recursos en pensiones, sin embargo tras la negativa se determinó optar por la acion legal ante las autoridades laborales.
«Decido demandar junto con otras personas más, al momento que se va a dar la firma del convenio, para que se me entregue mi finiquito, surge la invitación de un diputado para invitarme a incorporarme con él, es cuando me encuentro con este abogado de nombre Miguel Abraham y me dice que no me puede dar de alta», narró Lunia Valdés.
Quien hasta ese momento dijo no le resultaba extraña la petición, pero luego de que el le pidiera que cobrara el cheque por un monto de 53 mil pesos, para entregárselo a él, y que se encargaría de reintegrarlo a las arcas publicas del Congreso local, dijo se generó una situación ilógica, por lo que propuso no cobrarlo.
«El me dijo que tenia que cobrarlo, entregarlo el cheque y en corto me dijo que se lo podía pagar quincenalmente», esto aseguró lo consideró un condicionamiento y no accedió para presionar al legislador para que no diera de alta.
Pero en una segunda ocasión que se intenta dar de alta, se lo vuelven a negar bajo el argumento de que sigue abierto este procedimiento contra el Congreso del Estado, esto pese a que termino, en donde hay un cheque de finiquito que se entrego en el 2016, y el jefe de nomina y que es una indicación de este personaje.
El dirigente del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (STLASPE), Rogelio Andrade pidió investigar y sancionar en su momento si se actuó de esta forma, sin embargo admitió que existian voces en otras legislaturas que hablaban incluso de diputados que pedían a sus empleados para ingresar un recurso, pero este tema quedo solo en rumores.
La mayoría de los antecedentes que conoce sobre estos casos, dijo el líder del STLASPE corresponde a comentarios, en donde los abogados del propio Congreso estarían actuando de manera tendenciosa a favor de los compañeros que demandaron. «argumentan que puede haber complicidad de los despachos que pudieron haber contratado», dijo al señalar que si hay pruebas se debería proceder jurídicamente», mencionó.
Cabe señalar que en su momento el Congreso del Estado prescindió de los servicios de dos despachos jurídicos que se presume cobraban el 35 por ciento de los recursos que se obtenían por perder un caso.
En su momento el ex diputado de la 72 legislatura, presidente del Comité de Administración y Control, Rigel Macías Hernández había denunciado en la pasada Legislatura la colusión entre despachos y ex empleados para obtener laudos favor de los trabajadores hasta por un millón de pesos; fuentes al interior del Congreso revelaron que dichos bufetes jurídicos incluso fueron apadrinados por un legislador.
El Congreso local en pasadas Legislaturas se auxilió de estos despachos externos quienes llevaban los asuntos laborales que se presentaban ante juzgados contra esta soberanía, sin embargo, todos se perdían y se tuvieron que pagar hasta cinco millones de pesos.
Según los informes obtenidos la Junta de Coordinación Política en el Congreso Local decidió rescindir de los servicios del despacho jurídico, al cual se opusieron algunos legisladores, entre ellos una diputada debido a que su cuñado era integrante de uno de ellos.
Las irregularidades encontradas por la Junta, obligó a que se contratará un abogado externo quien hasta el momento ha impedido lleguen más demandas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, además de que pese a la oposición de algunos de los diputados obligaron a los trabajadores de confianza que llegan con los representantes parlamentarios firmar un contrato y renuncia.
