Ciudad de México, 24 de octubre de 2024 — La Cámara de Diputados aprobó el pasado 22 de octubre la reducción de la edad para ser beneficiario de la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores, estableciendo que ahora las personas podrán acceder a este apoyo a partir de los 65 años de edad. Esta modificación fue aprobada con mayoría calificada de 408 votos a favor, 65 en contra y cero abstenciones, y representa un cambio significativo en la ley, que anteriormente fijaba la edad mínima en 68 años.

La medida se realizó como parte de las reformas constitucionales en materia de bienestar, específicamente en los artículos 4 y 27 de la Constitución. Estas reformas buscan ampliar la cobertura de este apoyo económico y brindar mayor seguridad a las personas mayores en México. El proyecto de decreto ha sido remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales y su eventual promulgación.

La modificación no solo beneficiará a los adultos mayores, sino que también incluye una pensión no contributiva para personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, que ahora será universal para quienes tengan hasta 64 años. Adicionalmente, la reforma establece el derecho a recibir rehabilitación para las personas que viven con alguna discapacidad permanente, con prioridad para menores de 18 años.


Con esta reforma, la Pensión del Bienestar de Adultos Mayores se convierte en un derecho constitucional que no podrá ser retirado. Además, se garantiza que los recursos destinados a estas pensiones no podrán disminuirse en comparación con el año anterior, lo que asegura la continuidad del programa.

El monto de la pensión será de 6 mil pesos bimestrales, tras un aumento del 25 por ciento que se anunció para este año. Esta pensión se ha consolidado como uno de los programas más importantes del Gobierno de México en materia de apoyo social, proporcionando un ingreso fijo a los adultos mayores, quienes enfrentan altos niveles de vulnerabilidad económica.

La propuesta ha sido respaldada como parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y las personas con discapacidad en el país, asegurando su bienestar y una mayor equidad en el acceso a los recursos del Estado. Sin embargo, la reforma aún debe ser aprobada por el Senado antes de ser promulgada oficialmente.