Morelia, Mich., La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha sido omisa ante la serie de violaciones a los Derechos Humanos que se han cometido en los centros penitenciarios contra los reclusos, señaló la diputada local Andrea Villanueva Cano, al considerar que es necesario que de manera continua este organismo informe al  Legislativo sobre el trabajo que se efectúa en torno a la revisión de estos espacios.

A decir de la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, se debe hacer una evaluación seria sobre el trabajo que ha llevado a cabo este organismo público, lo anterior al considerar qué se debe profundizar sobre las acciones emprendidas en la defensa de los derechos humanos, así como la revisión, evaluación de estos espacios para evitar que siga siendo la CEDH “omisa” y “ajena” a las problemáticas sociales.

En este sentido reconoció que una de las grandes debilidades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es que cada una de las recomendaciones hacia las dependencias no tiene carácter vinculatorio, ahí dijo debe entrar el Poder Legislativo para llevar a cabo las reformas necesarias en la materia y para que cada una de las recomendaciones efectuadas desde este organismo gubernamental tenga los efectos deseados.

“El problema es que las recomendaciones que se hacen desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos a las dependencias no tienen carácter vinculatorio,  entonces las dependencias no le toman la seriedad que debieran, la Comisión no está funcionando como debiera en este tema”, dijo la diputada.

Refirió que una vez concluido este receso, uno de los puntos principales que se deben abordar en septiembre es la reforma constitucional que se debe realizar en el estado para considerar el sistema penitenciario con una perspectiva de derechos humanos, “tenemos que armonizar la ley y darle la certeza a todos los que se encuentran en los centros penitenciarios de que estos derechos humanos sean respetados”, señaló la legisladora.

A decir de la diputada local se debe hacer una revisión minuciosa de cuáles son las condiciones que guardan los centros penitenciarios, y establecer si existen irregularidades y en su caso actuar desde los diferentes ámbitos de competencia de las autoridades así como del mismo Poder Legislativo.