Morelia, Mich., El 98 por ciento de los 113 ayuntamientos del estado, adeudan el 2 por ciento del impuesto a la nomina de los últimos cuatro o cinco años, señaló el auditor Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado.
Durante el encuentro sostenido con los diputados locales, el titular de esta área explicó que en esta misma situación se encuentra el 70 por ciento de las 78 dependencias estatales, recurso que en teoría debería ser el blindaje para el pago de la deuda pública.
«No se cumplió con enviarlo porque el 70 por ciento de las dependencias del estado no pagaron, ahora el 98 por ciento de los ayuntamientos debe el dos por ciento al estado de los últimos cuatro o cinco años, hay responsabilidad, una por incumplimiento y el otro por no hacer efectiva una obligación», precisó.
Expuso que derivado de este incumplimiento, las garantías que ha contratado el Gobierno Estatal sobre los financiamientos han sido blindajes para el caso de incrementó de tasas de interés de lo contratado inicialmente, pero al momento de rebasarlo tal como ha ocurrido entra el blindaje.
López Salgado mencionó que los impuestos no están a discusión, ni a excepción de una autoridad, «ni el presidente de la República tiene facultad para exentar un impuesto establecido en ley, al momento de no haber la recaudación suficiente se hace uso de ese blindaje y se empiezan a disponer de recursos, por eso hoy todos diríamos, si la contratación de las UDIS fue por 3 mil 500 millones y había una corrida financiera de que con la recaudación se estaría pagando a los tenedores los intereses yo por lo menos esperaría que la deuda no creciera, pero todos sabemos que está en 4 mil 500 porque se ha dejado de pagar», dijo.
Asimismo, refirió que el Congreso del Estado en cada contratación ha autorizado estos blindajes, que sostuvo le esta saliendo muy caro al Gobierno Estatal, «en el 2012, se pagaron 40 millones de pesos solo por la disposición inmediata de los recursos por comisión y mantenimiento del crédito, creo es ocioso como en mi opinión lo es la contratación de una asesoría como en ésta última de la reestructura por 121 millones de pesos», subrayó.
Otra situación que también cuestionó es que los financiamientos que este Congreso autoriza no vaya a los objetivos plasmados como sucedió en la reestructura y refinanciamiento del decreto 22, donde el propio Congreso estableció que los recursos fueran para pagar los pasivos de ejercicios anteriores y lo que encontró la ASM que estaban invertidos 450 millones de pesos de uno de los créditos en inversión, cuando la instrucción era pagar pasivos y reactivar la economía, por lo que fue observado este decreto.
