En un boletín de prensa publicado en su página de campaña, Donald Trump hace del conocimiento de la opinión pública tres mecanismos posibles para obtener de los mexicanos los recursos necesarios para la edificación de un muro fronterizo cuyo costo aproximado sería de 10 mil millones de dólares, el cual incluiría mecanismos electrónicos de detección de túneles en su parte inferior y de movimiento de personas en su parte superior, lo cual sería de gran ayuda para las autoridades migratorias estadounidenses en el proceso de la localización concreta, detención y deportación de quienes intentaran cruzarlo.
Las tres alternativas propuestas por Trump para obligar a México a pagar el muro son las siguientes:
- a) Chantajear al gobierno mexicano para que realice el pago inmediatamente, mediante la amenaza de modificar el artículo 31 CFR 130.121 de la Ley Patriótica estadounidense, lo que habilitaría mecanismos de contención de las remesas provenientes de mexicanos indocumentados por el valor de 24 mil millones de dólares al año. Se pretende que el gobierno mexicano realice la transferencia en un único pago a cambio de evitar dicho cambio legal, lo que constituiría en la práctica una suerte de extorsión de un país hacia otro.
- b) Renegociar el Tratado de Libre Comercio para imponer aranceles a los productos de origen mexicano y obtener con ello una ventaja competitiva al recaudar una parte de los ingresos de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.
- c) Limitar la cantidad de visas ofertadas por Estados Unidos, incrementando sus costos para los mexicanos.
En relación a la primera alternativa propuesta por Trump resulta poco viable por dos causas una correspondiente al ámbito político interno y otra al externo.
La causa interna consiste en que para poder realizar una modificación legal de dicha naturaleza, se precisa disponer del apoyo de la cámara de representantes y del senado. En el caso de la primera la mayoría que ostenta el partido republicado es inferior que la que había en el periodo anterior ya que mientras durante el gobierno de Barack Obama entre 2014 y 2016 los republicanos disponían de 246 escaños, en la actualidad solo tienen 239, siendo presididos por el congresista Paul Ryan quien a lo largo de su carrera política ha cambiado en varias ocasiones de postura respecto al tema migrante, por su parte el partido demócrata, quien dispone de 193 escaños es presidido por la congresista Nancy Pelosi quien se ha manifestado orgullosa de sus orígenes italianos siendo activista tanto de la Fundación Nacional Italoamericana como de la Organización Nacional de Mujeres Italoamericanas y en el 2006 votó contra la Secure Fence Act (An Act To establish operational control over the international land and maritime borders of the United States/ Ley para establecer el control operacional sobre las fronteras terrestres y marítimas internacionales de los Estados Unidos), legislación migratoria propuesta por el entonces presidente George W. Bush, cuya finalidad ha sido la securitización de los puertos y fronteras.
Por otro lado, la cámara de senadores ha tenido históricamente una postura antagónica frente a la Ley Patriótica, siendo el caso que en diciembre del 2005 trató de dejar sin efectos la mayor parte de las limitaciones a los derechos establecidas en el 2001 durante su creación. Resulta poco probable que Trump tenga un resultado distinto en sus propuestas siendo el congresista Mitch McConell quien preside la bancada republicana, debido a que dicho político abiertamente se ha mostrado en forma antagónica a Trump en diversos foros como consecuencia de los improperios machistas expresados por el actual presidente de los Estados Unidos. Por su parte el senador líder de la bancada del partido demócrata Harry Reid, es uno de los principales promotores del DREAM Act (Development, Relief and Education for Alien Minors Act/ Ley de Desarrollo, Socorro y Educación para Menores Extranjeros), lo que hace improbable que apoye a Trump en su decisión de utilizar la ley patriótica con fines antiinmigrantes.
Aunado a lo anterior, resultaría inconstitucional la reforma legal propuesta en virtud de que contradice el contenido de la carta de derechos (bill of rights) en su cuarta y novena enmienda:
Enmienda IV.
El derecho de los habitantes a la seguridad en sus personas, domicilios, papeles y efectos, contra incautaciones y cateos arbitrarios, será inviolable, y no se expedirán al efecto las Órdenes correspondientes a menos que exista una causa probable, corroborada mediante Juramento o Declaración solemne, y cuyo contenido describirá con particularidad el lugar a ser registrado y las personas o cosas que serán objeto de detención o embargo.
Enmienda IX.
El hecho de que en la Constitución se enumeren ciertos derechos no deberá interpretarse como una negación o menosprecio hacia otros derechos que son también prerrogativas del pueblo.
Aun en el remoto supuesto de que Trump lograra el apoyo legislativo necesario para poder convertir en realidad su iniciativa de modificación de la ley patriótica en el artículo 31 CFR 130.121 y en el supuesto de que pudiera justificar por cuestiones de seguridad nacional dicha intervención en la vida privada de los particulares, sin que esto generase una intervención de la Suprema Corte de Justicia con motivo de un control constitucional sobre dicha norma flagrantemente violatoria de la cuarta y novena enmienda, tendría que rendir cuentas ante la ONU en virtud de una flagrante violación al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que dice lo siguiente:
Artículo 17
- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
Estados unidos ha ratificado dicho pacto, por lo que en atención al principio pacta sunt servanda (el cual ha aceptado en su escrito de ratificación Estados Unidos siempre y cuando no entre en conflicto con su constitución) está obligado a atenderlo sin poder argumentar su derecho interno como una justificación para inaplicar el contenido normativo de dicho tratado.
Por otra parte, de la lectura completa del documento de ratificación donde Estados Unidos exhibe sus reservas en relación al Pacto (U.S. reservations, declarations, and understandings, International Covenant on Civil and Political Rights, 138 Cong. Rec. S4781-01 daily ed., April 2, 1992/ Reservas, declaraciones y entendimientos de los Estados Unidos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 138 Cong. Rec. S4781 – 01 ed. Diario, 2 de abril de 1992), no se observa reserva alguna que afecte al artículo en comento, por lo que su interpretación para efectos de su aplicación en el territorio estadounidense es idéntico al supuesto redactado por las Naciones Unidas y al ser robustecido por una interpretación expansiva de la novena enmienda tiene carácter de constitucional, haciéndose obligatorio por tanto a todas las autoridades de la Unión Americana.
En el ámbito externo, resultaría poco factible que México accediera al chantaje propuesto por Trump, toda vez que los tiempos referidos por el presidente estadounidense para la realización del pago no concuerdan con los tiempos designados por nuestro país para la determinación de los egresos públicos, ya que él pretende que el comienzo de la construcción del muro empiece dentro de los primeros cien días de su gobierno, iniciándose éste el 20 de enero de 2017, cuando en México de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 constitucional, el titular del Ejecutivo Federal entrega la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 8 de septiembre, mientras que la cámara de diputados puede aprobar hasta el 15 de noviembre dicho Presupuesto.
Por otra parte cabría mencionar de que la superioridad del partido del presidente Enrique Peña Nieto en la cámara de diputados no es suficiente para obtener el apoyo político necesario para lograr la aprobación de una propuesta de esta naturaleza al tener tan sólo 208 escaños de 500, por lo que precisaría la totalidad del apoyo del partido verde ecologista de México y al menos unos cuantos votos por parte de otros partidos, lo cual resultaría muy complicado conseguir en una fecha tan próxima a un periodo electoral.
Enrique Peña Nieto podría intentar introducir el costo del muro al Presupuesto de Egresos de la Federación mediante una partida secreta, sin embargo tendría que hacerlo a través de alguno de sus secretarios en términos de párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, no obstante lo anterior, un volumen tan elevado de dinero no podría pasar desapercibido con facilidad y de descubrirse dicha maniobra, supondría un costo político muy elevado para el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos y políticos que apoyaran dicha estratagema.
Finalmente, no existen incentivos suficientes para el gobierno mexicano se decante por la concesión de la exigencia de Trump, ya que de entregar los recursos solicitados, el muro sería de ayuda para limitar la migración indocumentada, lo cual aunado a las políticas de criminalización de la migración que pretende impulsar el gobierno norteamericano, generaría necesariamente una fuerte afectación al nivel de recepción de remesas, lo cual es precisamente el punto sobre el que Trump intenta basar su chantaje. Dicho lo anterior, se entregue o no dinero para la edificación del muro, México resentiría la política norteamericana en su economía, lo que genera mayores alicientes para no entregar ningún recurso ante un discurso extorsivo del presidente de nuestro país vecino.
En resumen: Estados Unidos no puede permitirse una reforma jurídica tan polémica sin afrontar un costo político muy alto en el ámbito interno y externo, mientras que en México resultaría muy complicado que nuestros representantes tanto en el poder ejecutivo federal como en la cámara de diputados cediesen abiertamente ante una amenaza de dicha naturaleza y más difícil aun seria, que accedieran a realizar dicho pago sin destruir con ello buena parte de sus carreras políticas.
Respecto a la propuesta de Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio para imponer aranceles a los productos de origen mexicano, podría considerarse viable, sin embargo el costo económico de su puesta en marcha impactaría a ambas naciones en forma negativa.
De acuerdo con el INEGI (2014), en el 2013 el valor total de la exportaciones mexicanas fue de 4 855 545 730 867 pesos, de los cuales el 84.7 por ciento tuvo por destino los Estados Unidos, país que recibe de México principalmente petróleo, productos manufacturados, de minero metalurgia, metálicos de uso doméstico, aparatos de fotografía, piezas automotrices y productos agrícolas. Un incremento en el precio de dichos productos para la población americana impactaría en forma negativa al incrementar el costo del transporte y la alimentación principalmente, por otra parte, si bien es cierto que podría ser de utilidad la recaudación derivada de los aranceles para las finanzas norteamericanas, resulta poco probable que industrias como la automotriz incrementen su productividad al interior de los Estados Unidos, puesto que de acuerdo con Yamasaki, Juhn y Abo (2013) son precisamente empresas como la General Motors, Ford y Chrysler, las que más se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que su proximidad con México les ha permitido contratar en nuestro territorio mano de obra barata y disminuir significativamente los costos de sus operaciones respecto al tiempo en que disponían de fábricas en los Estados Unidos, misma tendencia que han empezado a seguir empresas de otras naciones como la japonesa.
El problema de competitividad en el sector automotriz de los Estados Unidos se circunscribe a los precios de producción. Mientras México ofrezca mayores incentivos para las empresas respecto a los costos de mano de obra, resulta poco probable que éstas decidan instalarse o reinstalarse en la Unión Americana, lo que hace inútil, al menos para el plano laboral, que es una de las justificaciones que esgrime Trump respecto al establecimiento de aranceles a la industria automovilística, que se recuperen los empleos en Estados Unidos a partir de éstas medidas proteccionistas.
No debemos perder de vista que en el índice global de costos de manufactura de Boston Consulting Group (una de las firmas de consultoría estratégica más importantes del mundo), México ha sido considerado nueve puntos más competitivo que Estados Unidos, 24 puntos más que Canadá y 32 más que Brasil; lo que nos permite disponer de cierta ventaja sobre la Unión Americana en dicho rubro, lo cual no cambiara con las políticas de Trump, que lejos de incentivar al libre mercado pretende frenarlo.
Por otra parte Mortimore, Bonifaz y Duarte de Oliveira (1997), son de la opinión de que la única forma en que las empresas norteamericanas del sector automotriz pueden hacer frente a la competencia de compañías asiáticas como Toyota, Honda y Hyundai, es conservando sus operaciones en México.
Respecto al sector petrolero, pese a que Estados Unidos ha logrado cierta independencia en dicho rubro, sigue teniendo un consumo superior a sus niveles de producción de crudo, lo que hace que siga ocupando de la mezcla mexicana así como del petróleo de otras latitudes.
En el resto de los sectores (exceptuando el agroalimentario), que componen nuestras exportaciones, la realidad que se vive es bastante similar a la automotriz, lo que genera pocos incentivos para un cambio sustancial en las dinámicas productivas y económicas que beneficie a los norteamericanos en el corto plazo, por lo que una renegociación del Tratado de Libre Comercio en los términos expresados por Trump traería más perjuicios que beneficios a ambos países.
No debemos olvidar que México tiene 12 tratados de comercio con 44 países diferentes, siendo el segundo país con más tratados de ése tipo en el mundo después de Chile (quien tiene 15) por lo que si bien es cierto que puede ser un golpe muy duro en el corto plazo el cese del intercambio comercial con Estados Unidos, existen numerosas opciones viables donde colocar nuestras exportaciones con condiciones significativamente mejores a tratar.
La última alternativa propuesta por Trump consistente en el incremento al costo de los honorarios de visa norteamericana, es la más viable de todas. Sin embargo, al disminuir los incentivos para viajar a los Estados Unidos por la proliferación de un ambiente xenófobo como consecuencia de los discursos antiinmigrantes impulsados por el propio gobierno americano, resultara en el futuro poco atractivo como destino turístico y menos aún como destino migratorio para quienes cumplan con las expectativas de migración previstas por la administración federal. Por otra parte, la eliminación de las visas para ingresar a Canadá así como la política migratoria más relajada de dicho país puede generar los incentivos necesarios para que la migración mexicana se traslade a dicha nación o utilice sus fronteras para ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, lo que convertiría tanto al muro fronterizo como las nuevas condiciones de visado americanas en algo completamente inútil para los fines por los cuales se pretenden implementar dichas medidas.
Al abordar un tema tan complejo como el de la migración o la economía, no podemos tomar a la ligera ninguna variable ni hacer suposiciones sin fundamentos. Trump ha demostrado cierta temeridad al momento de manifestar posiciones tan radicales como la referida en su programa migratorio, puesto que en el ámbito internacional es la buena voluntad de los países y no sus intereses imperialistas, lo que permite que se firmen acuerdos o se cierren tratos comerciales. Un discurso tan controversial como el esgrimido por el presidente de los Estados Unidos es bueno para obtener votos entre los sectores más carenciados y menos educados de la sociedad, sin embargo no es el apropiado para conducir una nación ni para establecer con base en ello relaciones multilaterales. Espero que la racionalidad se imponga en los próximos años, de lo contrario, ambas naciones sufriremos penurias innecesarias como consecuencia la ignorancia política y la demagogia de nuestros personajes públicos.
