Salamanca, que alberga una refinería, es ejemplo del control que ejercen los grupos de ‘huachicoleros’ y cárteles de droga que pagan para obtener información sobre el funcionamiento de la refinería y protección.
El robo de combustible se está convirtiendo en uno de los dilemas económicos y de seguridad más acuciantes de México, que socava más de mil millones de dólares en ingresos anuales del Estado, aterroriza a empleados y frena la inversión privada en refinerías que el Gobierno esperaba que estuvieran prosperando con capital extranjero.
Debido a la campaña del Gobierno contra los narcotraficantes en los últimos años, los cárteles de la droga mexicanos se han fragmentado y están sedientos de nuevas fuentes de ingresos.
Ahora, su papel cada vez más dominante como ladrones de combustible enfrenta cara a cara a dos de los negocios más grandes en el país: las drogas y el petróleo.
Los cárteles, que el Gobierno estima generan más de 2 mil millones de dólares al año, son una amenaza creciente para Pemex, que en 2016 tuvo ingresos cercanos a 52 mil millones de dólares y genera casi una quinta parte de los del Gobierno.
«No tienes que arriesgarte a cruzar la frontera para buscar un mercado», agregó. «Todos consumimos gasolina. No todos consumimos drogas».
Pemex no respondió a preguntas detalladas de Reuters sobre los cárteles y el robo de combustible. Reuters preguntó sobre el impacto de los cárteles en las refinerías, las medidas de seguridad de Pemex y cómo la empresa responde a la extorsión y la violencia contra sus empleados.
Un funcionario de alto nivel de la división de refinación, que pidió no ser identificado, dijo: «nos preocupa la influencia del crimen organizado». Pero no quiso discutir el tema a fondo.
El robo de combustible no es nuevo o exclusivo de México. Sin embargo, los cárteles lo están llevando a una preocupante nueva dimensión y, en el proceso, aumentando sus ganancias.
«El robo de combustible hace a estos grupos más poderosos», dijo un funcionario de alto nivel de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), que pidió el anonimato.
Al enfocarse en las refinerías, que ya sufren de falta de inversión, los delincuentes más notorios de México logran acceso a centros neurálgicos responsables de gran parte del suministro de combustible del país.
Eso amenaza a una industria petrolera que representa alrededor del 8 por ciento de la economía de México y crea aún más incertidumbre para un país que enfrenta las amenazas de Estados Unidos de desmantelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
«Es un daño al patrimonio nacional, es un daño a la seguridad nacional, es un inhibidor a la reforma y el desarrollo del mercado de energía en México», dijo Gustavo Mohar, un exfuncionario mexicano del sector de energía y de inteligencia.
Entre 2011 y 2016, el número de tomas ilegales descubiertas en la red de combustible de México casi se quintuplicó, según un informe reciente del auditor federal. Los costos de reparación subieron casi diez veces a mil 770 millones de pesos.
Un estudio de mayo, encargado por el regulador nacional de energía y obtenido por Reuters a través de una solicitud de información, descubrió que entre 2009 y 2016 los ladrones perforaron los ductos casi cada 1.4 kilómetros (km) a lo largo de la red de ductos de unos 14 mil km de Pemex.
Después de décadas de mantenimiento deficiente, las refinerías no sólo pierden combustible, también están perdiendo dinero. Además de apagones no programados que causan grandes pérdidas operativas, los problemas de mantenimiento han provocado accidentes fatales, incluidos incendios y explosiones.
En conjunto, las refinerías han acumulado pérdidas operativas anuales de 5 mil millones de dólares en los últimos años. Mientras tanto, la producción de refinados ha caído a poco más de 700 mil barriles por día en 2017, cerca de la mitad de los niveles de producción de las refinerías en su pico de 1994.
