Por orden del presidente Enrique Peña Nieto, se presenta un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte por las dos normas aprobadas por los congresos estatales de Veracruz y Quintana Roo en materia de lucha contra la corrupción.
Ambos estados, gobernados por el PRI (el mismo partido de Peña Nieto), aprobaron ante la sorprendente pérdida de poder en las urnas dos normas exprés con las que pretendían blindarse de las anunciadas demandas por corrupción de los nuevos equipos de gobierno formados por la coalición del PAN y el PRD. Concretamente, ambos estados nombraban y blindaban a los jueces y fiscales que deberían dirimir los futuros casos de corrupción política.
En el caso de Veracruz, el futuro nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes, ha prometido durante la campaña que iba a meter en la cárcel a su predecesor saliente, el polémico Javier Duarte, en cuanto accediera al poder. Un caso parecido, al menos en cuanto a las demandas, parece que deberá afrontar el hasta ahora también gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge.
El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, señaló en rueda de prensa que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto se presentaron estas acciones porque “ninguna institución ni ningún servidor público de cualquier nivel de gobierno puede estar al margen de la ley”.
