De aplicar el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) una tercera multa al secretario de Seguridad Pública por la falta de cumplimiento a la resolución que en mayo de 2015 emitió a favor de un elemento dado de baja en el 2014, se abre la posibilidad de que éste inicie el proceso legal para que José Antonio Bernal Bustamante sea removido del cargo.
Se trata del caso de un elemento del Grupo de Operaciones de la SSP que fue dado de baja en abril de 2014 porque supuestamente no acreditó los exámenes de Control y Confianza, hecho que no se le comprobó documentalmente. Su nombre se omite porque así lo solicitó por temor a represalias.
Le ofrecieron 12 mil pesos de finiquito por más de doce años de servicio en la dependencia estatal, por lo que interpuso la demanda administrativa ante el Tribunal correspondiente, que resolvió a su favor en mayo de 2015, con una sentencia que obliga a la SSP a cubrirle alrededor de 133 mil pesos, monto que ya incrementó por los salarios caídos.
Un año con tres meses después, el ex GOE no ha recibido un solo peso y ha sorteado una batalla legal para la ejecución de la sentencia, proceso que ha derivado en la aplicación de dos multas por incumplimiento al secretario de Seguridad Pública, la primera por un monto superior a siete mil pesos y la segunda por más de 14 mil pesos.
Según explicó el abogado del ex colaborador de la SSP, tanto funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública como de la Secretaría de Finanzas y Administración han informado de manera “escueta” que no cuentan con recursos para cubrir la sentencia.
