Según información de El Financiero. El gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, mantiene en sus cargos a siete mandos de la Procuraduría estatal que tienen señalamientos graves, incluso, algunos son exreos.
Entre ellos están Carlos Alberto Cedano Filipinni, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán y José de Jesús Ortiz Jiménez.
Todos son funcionarios de la Procuraduría michoacana y aparecen al día de hoy en el directorio oficial de los servidores públicos de la dependencia, con cargos de dirección regional o fiscalía.
Carlos Alberto Cedano Filipinni, exagente de la AFI y actual Director de Investigación en la Procuraduría michoacana, fue detenido en 2008 por la DEA con droga y 600 mil dólares que no pudo acreditar.
En 2008, tras ocho meses preso en Estados Unidos, un juez de la Corte Federal de Los Ángeles le fijó una fianza de 2 millones de dólares y obtuvo su libertad.
En México, la PGR lo acusó de lavado de dinero, según el expediente UEIORPIFAM/AP/070/2009.
Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, quien se desempeña como fiscal de Atención Especializado Delitos Alto Impacto, fue delegado de la PGR en Michoacán, de donde fue cesado por el caso Apatzingán.
Se dijo que el expediente que inició tuvo lagunas que facilitaron la liberación de 43 a 44 detenidos por los hechos del 6 de enero de 2015, donde murieron 9 personas.
José de Jesús Ortiz Jiménez fue denunciado penalmente por el excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera, por haberle fabricado una acusación que lo tuvo más de cinco años en prisión. Herrera dijo que éste y otros ministerios públicos de la PGR, dirigido por la exprocuradora Marisela Morales, utilizaron de dichos de testigos aleccionados y pagados por la propia PGR para implicarlo en el delito de narcotráfico.
