CDMX a 02 de octubre del 2017.- Más de la tercera parte de las 32 entidades federativas del país se encuentran “en crisis profunda de inseguridad”, pues, tan solo en tres años, el número de estados con tasas anuales de mil o más víctimas de homicidios dolosos pasó de cinco a 11.
De acuerdo con el análisis “Seguridad en México” elaborado por la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, las entidades identificadas por su alta incidencia de asesinatos son Chihuahua, Guerrero, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Baja California, Ciudad de México, Guanajuato, Oaxaca, Sinaloa y Veracruz.
El presidente de la comisión legislativa, Jorge Ramos, advirtió que al comienzo del actual sexenio y hasta 2014 había solo cinco estados “en crisis profunda de inseguridad”, pero esa cifra se duplicó al cierre de 2016.
Subrayó, además, que la presencia militar activa en tareas de seguridad pública se extendió este sexenio de 19 a 24 estados. “Es un hecho y una verdad que el tema de seguridad pública al gobierno federal se le fue completamente de las manos y hay indicadores como este, de la presencia militar, pero qué decirte de los más 30 mil muertos que hasta la fecha hay adicionales a los que se tuvo el sexenio anterior: lamentablemente se está pronosticando llegar hasta las 120 mil muertes violentas en este sexenio”, indicó.
El estudio de la Comisión de Seguridad Pública en San Lázaro detalla que el número de homicidios dolosos en los primeros cuatro años del actual sexenio aumentó 31 por ciento con respecto al periodo similar de la anterior administración, al pasar de 68 mil 433 en el lapso 2007-2010 a 89 mil 827 entre 2013 y 2016.
La diferencia entre ambos periodos fue de 21 mil 394 muertes con violencia en el país.
Precisa que las entidades federativas con mil o más homicidios dolosos en 2014 fueron Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Michoacán y el Estado de México, pero dos años después alcanzaron esa mismas tasa otros cinco estados y la capital de la República.
En entrevista, el diputado Jorge Ramos sostuvo que dichas cifras revelan tanto el fracaso operativo como el fracaso de las reformas en materia de seguridad pública que le urgen a México para tener una mejor policía, para sancionar alcaldes corruptos que no cumplen con sus responsabilidades y para castigar a gobernadores y funcionarios que no hacen la tarea.
